Les dejo la nota publicada por el Espectador:
En decisión de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá aumentó a 14 años y 11 meses de prisión la pena de Miguel, Manuel y Guido Nule por el delito de peculado por apropiación en el proceso que se les adelanta por el llamado carrusel de la contratación.
Por su parte, Mauricio Galofre, considerado el principal socio del Grupo Nule, fue condenado a 10 años y seis meses de cárcel, puesto que solamente participó en la celebración de dos contratos viales.
Vale tener en cuenta que en la decisión emitida por el magistrado Eugenio Fernández los tres contratistas fueron condenados a 29 años y nueve meses de prisión por este delito, tuvieron una rebaja en su pena puesto que aceptaron su responsabilidad en dicho cargo en la audiencia de imputación de cargos.
En la decisión judicial, el magistrado igualmente se señala que los Nule no podrán volver a celebrar contratos con el Estado en su vida, ni ocupar jamás cargos públicos.
“Condenar con el carácter de pena principal y a perpetuidad a la inhabilitación del ejercicio de funciones públicas y a celebrar contratos de manera directa o por interpuesta persona con el Estado e igualmente se les inhabilita para el ejercicio de cargos públicos por un lapso igual al que le correspondió por pena privativa de la libertad”, precisó el magistrado.
Según el togado Fernández, después de revisar los documentos allegados por la Procuraduría y la Contraloría General los Nule se habrían apropiado irregular de 8.500 millones de pesos en materia de los anticipos de los contratos viales en la capital de la República.
En este sentido, según los planteamientos presentados en la decisión, los Nule no tendrán que devolver todo el dinero del cual se apropiaron irregularmente.
En las conclusiones del fallo se dejó en firme la multa de 10.042 millones de pesos para Miguel, Manuel y Guido Nule, mientras que Mauricio Galofre tendrá que pagar una sanción económica de 8.232 millones de pesos.
“El rumor público no fue el fundamento de la sanción impuesta, los elementos de juicio expresados en el fallo de primer grado y que han sido materia de examen por parte de esta Sala. No son premisas arbitrarias, criterios subjetivos, rumores infundados, conjeturas ni meros juicios caprichosos los que llevaron al raciocinio del operador judicial”, precisó.
Durante la lectura del fallo que duró más tres horas, el magistrado cuestionó seriamente los argumentos presentados por la defensa de los polémicos empresarios, quienes solicitaban una rebaja en la pena argumentando que ya habían entregado todo el dinero que habían recibido. "Se entregaron fotocopias de unos certificados, y no se pudo demostrar de manera clara que todo el dinero que recibieron fuera entregado a los organos distritales", aclaró.
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